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The Right to Be Forgotten (RTBF) enables individuals to request the deletion of, or restricted access to, their personal information, particularly in the online environment. In criminal justice, this right serves an important humanitarian function by helping former offenders especially those who have served their sentences or whose cases have been dismissed overcome social stigma and support reintegration. It also protects victims, particularly children and women, from “secondary victimization” caused by the long-term retention and dissemination of identifying information. The European Union has institutionalized the RTBF through the General Data Protection Regulation (GDPR) and landmark judicial decisions, developing a legal framework that seeks to balance privacy rights with public interest and access to information. In Vietnam, the 2025 Personal Data Protection Law recognizes a right to request data erasure but lacks tailored provisions addressing the RTBF within criminal justice. This gap is compounded by normative frictions with other legal regimes, including intellectual property, the press, and rules on the preservation of judicial records. Using a comparative approach, this article examines the EU experience and contrasts it with Vietnam’s legal framework and emerging practices. It highlights the key challenges in protecting the RTBF for both offenders and victims and proposes reforms to harmonize privacy with access to information while safeguarding humanitarian values and transparency within Vietnam’s criminal justice system.

El Derecho al Olvido (RTBF) permite a las personas solicitar la supresión o la limitación del acceso a sus datos personales, especialmente en el entorno digital. En el ámbito de la justicia penal, este derecho cumple una función eminentemente humanitaria: contribuye a que antiguos infractores  en particular aquellos que ya han cumplido su condena o cuyos procesos fueron archivados  puedan superar el estigma social y facilitar su reintegración. Asimismo, ofrece una capa de protección a las víctimas, especialmente a niños y mujeres, frente a la “victimización secundaria” que puede derivarse de la conservación prolongada y la difusión de información que permita su identificación. La Unión Europea ha institucionalizado el RTBF a través del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y de decisiones judiciales clave, construyendo un marco que busca equilibrar la privacidad con el interés público y el derecho a la información. En Vietnam, la Ley de Protección de Datos Personales de 2025 reconoce el derecho a solicitar la eliminación de datos, pero aún carece de disposiciones específicas sobre el RTBF en el contexto de la justicia penal. Esta insuficiencia normativa se agrava por tensiones con otros regímenes jurídicos, incluidas las normas sobre propiedad intelectual, prensa y conservación de registros judiciales. A partir de un enfoque comparado, este artículo analiza la experiencia de la UE y la contrasta con el marco jurídico y las prácticas emergentes en Vietnam. Se identifican los principales desafíos para garantizar una protección efectiva del RTBF tanto respecto de los acusados como de las víctimas, y se proponen reformas orientadas a armonizar la privacidad con el acceso a la información, preservando al mismo tiempo valores humanitarios y exigencias de transparencia en el sistema de justicia penal vietnamita.